Después del cierre de cada ejercicio social y en el plazo de tres meses, los administradores de una sociedad están obligados a formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Asimismo, deben presentar las cuentas y el informe de gestión consolidados y depositarlo en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación. Las cuentas deben ir acompañadas de la certificación de los acuerdos de la junta de socios sobre su aprobación, debidamente firmadas.

El incumplimiento de esta obligación provocará el cierre de la hoja registral. Esto implica que no se pueda inscribir ningún documento con posterioridad a aquella fecha hasta que se practique el depósito, salvo los relativos a:

  • cambios en cargos de administración o liquidadores.
  • revocación o renuncia de poderes.
  • disolución de la sociedad; nombramiento de liquidadores.
  • y los ordenados por la Autoridad judicial o administrativa.

Este incumplimiento conllevará la imposición a la sociedad de una sanción de 1.200 a 60.000 euros por el ICAC, sanción cuyos criterios se establecen en el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

Asimismo, no presentar las cuentas anuales en el plazo establecido supone el incumplimiento del deber de diligencia de un ordenado empresario (artículo 225 LSC) y origina un daño a la sociedad, por lo que ésta, los socios o un tercero podrían reclamar los daños causados.

En caso de insolvencia de la sociedad, el administrador responderá de las deudas, incluidos los supuestos de concursos culpables.

¿Cómo se puede evitar, pues, el cierre de la hoja registral y la responsabilidad del administrador por no aprobar y presentar las cuentas anuales? Tan sencillo como con una certificación del órgano de administración con firmas legitimadas o acta notarial de la junta general que recoja la causa de la no aprobación.

Víctor M. García Cantos
Área Mercantil

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