Los procedimientos para reclamar deudas sobre bajas cuantías judicialmente (declarativo y ejecución), suelen ser lentos y caros. En la fase de ejecución, no resulta complicado embargar cuentas corrientes, instrumentos financieros o rentas. Al contrario, embargar cosas muebles o inmuebles, aparte de costoso, es misión imposible. Y resulta más caro el procedimiento judicial para reclamar que la cuantía de la deuda reclamada.

Para ello, muchas entidades comunican los datos de los deudores a empresas dedicadas a la prestación de servicios de información patrimonial (sistemas de información crediticia), conocidos coloquialmente como los “ficheros de morosos”. Como medida de presión, las acreedoras amenazan continuamente al deudor con la inclusión de sus datos en este tipo de sistemas. Y, si esto suceden, pueden ocurrir dos cosas:

  1. que un banco o un prestador de servicios (electricidad, gas, agua, telefonía) pueda denegarte una solicitud, llevando a cabo un análisis de riesgos.
  2. que sea difícil salir de allí. Es muy fácil entrar pero muy difícil salir.

Para evitarlo, las posibles vías de actuación son el pago de la deuda, la impugnación ante un órgano arbitral, administrativo o judicial, el ejercicio de derecho de supresión, la reclamación ante la AEPD (DPA) o presentar una demanda judicial con obligación de hacer.

No obstante, desde diciembre de 2018, la legislación española ha endurecido los requisitos, tratando de defender a la parte débil contratante, el CONSUMIDOR, estableciendo una serie de condiciones para incluir a deudores en este tipo de ficheros (Art. 20 LOPDGDD):

  • los datos deben ser suministrados por el acreedor.
  • la deuda tiene que superar los 50 € (Disposición adicional sexta LOPDGDD).lLa deuda debe ser cierta, vencida y exigible. No puede haber sido objeto de reclamación en vía administrativa o judicial.
  • el acreedor debe haber informado al deudor sobre esta posibilidad, de manera fehaciente, en el momento de contratar el servicio o posteriormente.
  • la entidad que mantenga el sistema de información crediticia debe informar al interesado/deudor acerca de la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los arts. 15 a 22 RGPD.
  • los datos se pueden mantener durante un plazo máximo de 5 años desde la fecha de vencimiento de la obligación.

Una memoria publicada por la AEPD en 2017 indica que el 30 % de las sanciones impuestas son debido a la inclusión indebida en ficheros de morosos, porque no existe deuda, porque no cumplen los requisitos, por usurpación de personalidad o por fraudes en contrataciones (ausencia de autenticación del deudor).

Cabe destacar que las entidades que mantienen el sistema y las acreedoras son corresponsables del tratamiento (Art. 26 GDPR), pudiendo ser objeto de sanción en vía administrativa. Asimismo, el interesado/deudor podría reclamar por vía civil una indemnización de los daños y perjuicios sufridos (Arts. 79 y 82 GDPR), según la Sentencia Tribunal Supremo 388/2018.

Y como muestra, un botón. En los últimos meses, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto a diferentes acreedoras las siguientes sanciones económicas por incumplir lo expuesto anteriormente:

  • AVON COSMETICS S.A.U.: 60.000 €.
  • XFERA MÓVILES, S.A.U. (Yoigo): 40.001 €.
  • TTI FINANCE, SARL: 60.000 €.
  • EUROFINANCE, E.F.C, S.A.U.: 56.000 €.
  • LIBERBANK, S.A.: 20.000 €.

Si alguna acreedora amenaza con incluirte en este tipo de ficheros de morosos o si cualquier entidad le ha denegado una solicitud de crédito por estar incluido, desde Grupo Gefiscal estudiaremos el caso y velaremos por el cumplimiento de sus derechos como consumidor de la manera más ágil y rápida.

 

Área Consultoría Protección de Datos

Grupo Gefiscal

 

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